De 121 a tan sólo 22 años de cárcel. Y de los 10 encausados, cinco en la calle. No es de extrañar que el grupo de narcotraficantes -ocho colombianos y dos españoles- diera el jueves saltos de alegría en los pasillos de la Audiencia Provincial de Cáceres al comprobar que han sido condenados a una pena inferior a la reclamada inicialmente por los siete años transcurridos desde que fueron detenidos en 2002 hasta la celebración del juicio.
Desde entonces, la causa cambió varias veces de escenario, entre la Audiencia Provincial y la Nacional, hasta que, por fin, aunque ya demasiado tarde, intervino el Tribunal Supremo y aclaró quién debía de juzgarlos. No tardarían demasiado tiempo los abogados defensores en plantear la solicitud de "atenuante de dilaciones indebidas" y, con ello, verse obligado el Ministerio Fiscal, a pesar de las evidentes pruebas en la más importante operación antidroga realizada en Extremadura en la última década, a reducir la acusación a unas penas muy inferiores y que de buen grado aceptaron sin rechistar los encausados entre gritos de alegría y jolgorio.
Nunca podrán agradecerles del todo los narcos a sus abogados la minuciosa estrategia de retrasar a conciencia el comienzo del juicio durante tanto tiempo. Cinco de los letrados plantearon que no debían de ser juzgados en Cáceres al pertenecer a una banda organizada, así como que el traslado de la cocaína se realizase desde Colombia y pasara primero por Madrid, antes de llegar a la capital cacereña. Además, los acusados cambiaron premeditadamente de abogados varias veces, lo que conllevó también un mayor retraso en las instrucciones.
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